¡Que el pueblo juzgue lo que el pueblo proclama!

Es interesante cómo la discusión sobre la reforma de la Constitución induce a rever los saberes de nuestra historia. Queríamos proponer, para esta reforma, que se instituyera, en la nueva Constitución, la obligatoriedad del juicio por jurado en todos los actos de corrupción administrativa. Sin embargo, esta materia ya está contemplada en la Constitución Nacional desde 1853 (art.24) y en nuestra Constitución Provincial, desde el año 1933 (art. 147).

En consecuencia, ninguna reforma constitucional es necesaria para implementar el mecanismo de juicio por jurados, particularmente en materia de corrupción administrativa, un tema tan sensible a la ciudadanía.

Voluntad política: Impulsar la pertinente norma legislativa es competencia y responsabilidad exclusiva de nuestros legisladores provinciales. Sólo se requiere de su voluntad política, firme y comprometida para legislar, reglamentar y organizar sobre este tema

Elevar la moral ciudadana: Implementar el mecanismo de juicio por un jurado popular (integrado por ciudadanos comunes y, también, por jueces letrados) implicará, para la ciudadanía, toda la facultad de control y juzgamiento de quienes manejan los fondos públicos. Significará darle vida cívica a lo ya establecido en la constitución provincial y elevar el sentido moral de los entrerrianos, en el convencimiento de que, quien atenta contra el erario público, no resultará impune. Quedará sometido al juicio y control de sus conciudadanos.

La moral del legislador. Los legisladores electos deben ser, son, personas revestidas de condiciones morales y éticas sobresalientes pues el destino de sus conciudadanos depende absolutamente de las decisiones que ellos adopten. Los legisladores, al sancionar una ley, están gobernando a futuro, señalando cuales son las metas del país deseables, emitiendo así un mensaje claro y preciso, tanto a la Administración misma de toda la República como a todos los ciudadanos, para las próximas décadas.

Implementar juicio por jurados: En su actual gestión los legisladores provinciales deben modificar la legislación vigente de manera urgente, implementando el denominado juicio por jurados, particularmente en materia de corrupción administrativa. Esa reforma en materia de Política de Estado es una enorme deuda que mantienen la dirigencia y los legisladores con la sociedad.

Ello concretará el mandato que les dio el pueblo, ansioso de renovar sus instituciones y asestar un golpe definitivo a la corrupción administrativa.

Oportunidad: Es una excepcional oportunidad de generar una nueva cultura política. Que la sociedad reconozca a sus legisladores y dirigentes como verdaderos líderes del cambio. Que tengamos una provincia “en serio”.

Legislar para impulsar el juicio por jurado en materia de corrupción administrativa será un compromiso con la transparencia y, sin lugar a dudas, un mensaje claro y positivo para toda la ciudadanía.
Legisladores responsables. Los Legisladores provinciales asumen las mayores responsabilidades en relación con el cuidado de los intereses del pueblo.

El futuro deberá ser necesariamente transparentado por ellos. Solamente de nuestros actuales diputados y senadores depende que se sancione, después de 75 años, la implementación del juicio por jurados, en el entendimiento de que este avance cualitativo de juzgamiento (con control popular efectivo) permitirá el juzgamiento y eventual sanción de quienes resulten responsables en materia de corrupción administrativa.

Como calificados ciudadanos de la Provincia- en cuanto han resultado electos por el pueblo para mejorar sus instituciones- ésta es su gran oportunidad.

La opción resulta, así, clarísima: “calidad institucional ó desmedro institucional”