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Juicio por Jurado: una solución para la corrupción

Juicios por Jurado con participación ciudadana en delitos de Corrupción Administrativa
¡QUE EL PUEBLO JUZGUE LO QUE EL PUEBLO PROCLAMA!

La Constitución Nacional desde 1853 como la C. de Entre Ríos, 1933, promueven el Juicio por Jurados.

Ninguna reforma es necesaria para implementar el mecanismo de juicio por jurados, en materia de corrupción administrativa, un tema lacerante para la ciudadanía.

Impulsar esta norma legislativa es responsabilidad exclusiva de nuestros legisladores. Sólo se requiere su voluntad política. 
Implementar el mecanismo de juicio por jurado integrado, también, por ciudadanos comunes, implicará la facultad ciudadana de control y juzgamiento de quienes manejan los fondos públicos. Significará elevar el sentido moral del pueblo, en el convencimiento de que, quien atenta contra el erario público, no resultará impune. Quedará sometido al juicio y control de sus conciudadanos.

Los legisladores deben ser, deberían ser, personas revestidas de condiciones ético-morales sobresalientes pues el destino de sus conciudadanos depende de las decisiones que ellos adopten. Los legisladores, al sancionar una ley, están gobernando a futuro, señalando cuales son las metas del país deseables, emitiendo así un mensaje claro y preciso, tanto a la Administración misma de toda la República como a todos los ciudadanos, para las próximas décadas.

Legislar sobre el JUICIO POR JURADOS EN MATERIA DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA, es una enorme deuda que mantienen la dirigencia y los Legisladores Nacionales y Provinciales con la sociedad.  Deben asumir las mayores responsabilidades en el cuidado de los intereses del pueblo que les dio el mandato, ansioso de renovar sus instituciones y asestar un golpe definitivo a la CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA.

Es la oportunidad de generar una nueva cultura política.  El futuro debe ser transparentado. Sólo de ellos depende. Que la sociedad reconozca a sus legisladores y dirigentes como verdaderos líderes del cambio. Que tengamos un país y una provincia “en serio”. Será un compromiso y un mensaje claro y positivo para toda la ciudadanía.

Será un avance cualitativo -CON CONTROL POPULAR EFECTIVO- que permitirá el juzgamiento y eventual sanción de quienes resulten responsables de la disolvente corrupción administrativa.  

La opción resulta, así, clarísima: “calidad institucional ó desmedro institucional”

Para los Legisladores ésta es su gran oportunidad, aunque más no sea, de empezar con esta lucha.

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